El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra ocho imputados, además de presentar cargos contra una persona jurídica, perteneciente a una red criminal dedicada al robo de identidad y al fraude bancario, la cual fue desmantelada mediante un amplio operativo desplegado en distintos sectores de Bonao, provincia Monseñor Nouel.
Los imputados son Fredery García Ortiz, señalado como cabecilla de la estructura criminal y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., junto con su pareja, María Carolina Durán Tavárez, quien también está implicada en las operaciones fraudulentas.
Además, enfrentan cargos Jonathan Darío Pichardo, Raúl Ortiz Arias, George Charlie Abreu Tejada, Tatiana Elizabeth Sosa Reyes, Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y Wilton Rafael Gutiérrez (Chango). Asimismo, se imputa a la persona jurídica Decoral Muebles y Más, S.R.L., cuyos establecimientos servían de fachada para actividades ilícitas relacionadas con el fraude bancario y la usurpación de identidad.
La solicitud fue presentada por la procuradora fiscal Gabriela Gómez Garrido, adscrita al Departamento de Investigación de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en representación del Ministerio Público.
La investigación se inició a partir de las reclamaciones realizadas por varios clientes de una entidad del sistema financiero nacional, lo que dio lugar a una exhaustiva labor de seguimiento por parte del Ministerio Público, con el apoyo de la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional.
Las investigaciones permitieron identificar a los miembros de la red que, de manera fraudulenta, accedieron a los perfiles de los clientes, realizaron múltiples transferencias ilícitas a cuentas bancarias controladas por los imputados y, posteriormente, retiraron los fondos a través de cajeros automáticos (ATM) y ventanillas en distintas instituciones financieras.
El operativo fue coordinado por el Departamento de Investigación de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional, con el respaldo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
La fiscalía trabajó en este caso junto con la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional. Este operativo permitió la realización de múltiples allanamientos en los que se incautaron dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias y otras evidencias relevantes para el caso.
El operativo incluyó 34 allanamientos simultáneos realizados por 40 fiscales, con el apoyo de más de 200 agentes del Dicat. Los implicados lograron sustraer información confidencial para efectuar transferencias fraudulentas hacia cuentas pertenecientes a los beneficiarios del esquema de estafa, apropiándose ilegalmente de fondos.
Durante el operativo se ocuparon sustancias controladas y vehículos. El Ministerio Público procedió, además, a incautar varios inmuebles adquiridos con los recursos obtenidos a través de las actividades delictivas.
El Ministerio Público ha otorgado a los hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y a la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Para fundamentar la solicitud de la medida de coerción, el Ministerio Público presentó diversas pruebas que acreditan la participación de los imputados en el esquema delictivo, evidenciando la estructura, el modus operandi y los resultados fraudulentos obtenidos.
Además, el órgano persecutor considera que se trata de una red criminal estructurada y peligrosa, por lo que solicitó al tribunal la imposición de prisión preventiva para garantizar el proceso y preservar la integridad de la investigación, que continúa abierta y en desarrollo para identificar a otros posibles implicados.
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