El Salvador extiende por 40ª vez el régimen de excepción bajo liderazgo de Bukele

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada ampliamente por el oficialista partido Nuevas Ideas, aprobó este jueves la cuadragésima prórroga del régimen de excepción instaurado desde marzo de 2022, una medida que ha suspendido varias garantías constitucionales en el país. Con 57 votos a favor de los 60 diputados presentes, el Congreso dio luz verde a la extensión de este mecanismo que, según el gobierno, sigue siendo necesario para combatir la reorganización de estructuras criminales, especialmente las pandillas.

Desde la implementación del estado de excepción, más de 87,000 personas han sido arrestadas, acusadas de pertenecer o colaborar con grupos delictivos, en particular las conocidas maras o pandillas que durante décadas sembraron el terror en barrios y comunidades enteras del país centroamericano. El gabinete de seguridad del presidente Nayib Bukele justificó la nueva solicitud de prórroga alegando haber detectado recientes movimientos de reorganización criminal, así como persistencia en actividades como la extorsión y el narcotráfico.

La medida aprobada estará vigente hasta el 3 de agosto, y aunque ha recibido un fuerte respaldo legislativo, no estuvo exenta de críticas. La diputada Claudia Ortiz, del partido opositor VAMOS, votó en contra argumentando que esta política de seguridad, aunque muestra cifras de capturas, ha derivado en violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales. Por su parte, los dos legisladores del partido ARENA optaron por retirarse del hemiciclo durante la votación, como forma de expresar su desacuerdo sin emitir un voto directo.

El régimen de excepción fue instaurado el 27 de marzo de 2022, luego de una jornada particularmente violenta en la que se registraron 62 homicidios en un solo día, atribuida a las pandillas. Desde entonces, el gobierno de Bukele ha renovado mensualmente esta medida con la aprobación del Congreso, amparándose en los resultados obtenidos en materia de seguridad, especialmente la disminución significativa en los índices de homicidios.

Sin embargo, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han advertido sobre los efectos negativos de esta política. Diversas organizaciones han denunciado detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, falta de debido proceso y hacinamiento en los centros penitenciarios. Familias enteras han reportado la desaparición de jóvenes sin antecedentes penales, mientras que el acceso a la justicia y a defensa legal efectiva ha sido severamente limitado.

En un informe remitido por el Ejecutivo al Congreso, el gabinete de seguridad destacó los “éxitos” del régimen de excepción, resaltando la captura de más de 87,100 presuntos pandilleros, así como la reducción sostenida del crimen violento. Solo en los últimos 30 días, se habrían realizado 700 detenciones adicionales, según el reporte.

Aunque en agosto de 2024 el presidente Bukele expresó que se evaluaría la posibilidad de suspender la medida, lo cierto es que ha continuado solicitando prórrogas mensuales bajo el argumento de que las pandillas siguen representando una amenaza latente. Esta narrativa ha sido clave en su estrategia de seguridad, que le ha granjeado un alto nivel de aprobación popular, tanto a nivel nacional como internacional.

No obstante, el debate sobre los límites de esta estrategia sigue abierto. Mientras algunos sectores de la sociedad celebran la caída drástica de la violencia y respaldan al gobierno, otros exigen que se restablezca el pleno respeto al Estado de derecho y se garantice la protección de los derechos humanos.

En este contexto, El Salvador continúa bajo una política de seguridad excepcional, con resultados contundentes en cifras, pero también con una creciente preocupación por el debilitamiento de las instituciones democráticas y las garantías ciudadanas.

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