Haití enfrenta incertidumbre electoral a siete meses de la fecha prevista para juramentación presidencial

Pese a que el Acuerdo del 3 de abril de 2024, mediante el cual se instauró el Consejo Presidencial de Transición (CPT) en Haití, establece claramente el 7 de febrero de 2026 como la fecha para la juramentación de un nuevo presidente electo, hasta el momento no se ha definido el calendario electoral que marcará el rumbo hacia ese evento clave para la institucionalidad democrática del país.

El acuerdo, considerado un paso fundamental para estabilizar políticamente a Haití tras años de crisis institucional, tiene como objetivo organizar un proceso electoral legítimo, transparente y participativo. Sin embargo, a pesar de que ya ha transcurrido buena parte del año 2025 y actualmente se avanza en el mes de julio, las autoridades aún no han anunciado cuándo se celebrarán las elecciones nacionales. Este retraso genera preocupación tanto a nivel local como internacional, dado que el tiempo disponible para organizar unas elecciones con estándares mínimos de transparencia y seguridad se acorta significativamente.

La fecha del 7 de febrero de 2026, además de ser simbólicamente significativa en la historia política haitiana, representa el límite establecido en el mencionado acuerdo para el fin del mandato del actual Consejo Presidencial de Transición. En otras palabras, el CPT debe cesar sus funciones ese día, dando paso a un nuevo gobierno electo democráticamente. La imposibilidad de cumplir con este calendario representaría un nuevo revés para los esfuerzos de estabilización política y social que la comunidad internacional y los propios actores haitianos han tratado de consolidar en los últimos años.

Aunque las autoridades haitianas insisten en mantener una postura optimista, reconociendo los avances realizados en materia de organización institucional, persisten serias dudas en torno a la viabilidad del proceso electoral en el actual contexto de seguridad. La violencia generalizada, el control territorial ejercido por bandas armadas y la ausencia de un sistema de justicia funcional han deteriorado considerablemente las condiciones mínimas necesarias para realizar elecciones libres y seguras.

La situación de inseguridad en Haití ha alcanzado niveles alarmantes. Diversas regiones del país, incluyendo sectores de la capital Puerto Príncipe, están bajo el control de grupos armados que operan con total impunidad. Estas bandas han provocado desplazamientos masivos de población, el cierre de escuelas y hospitales, y un ambiente de miedo que limita gravemente la movilidad de las personas. Todo esto dificulta enormemente la logística electoral, desde el empadronamiento de votantes hasta la instalación segura de centros de votación.

En este contexto complejo, el ministro delegado ante el primer ministro y encargado de los asuntos electorales y constitucionales, Joseph André Gracien Jean, expresó recientemente una postura de esperanza sobre el avance del proceso de transición democrática. En declaraciones a medios de comunicación locales, aseguró que las autoridades están trabajando para garantizar el cumplimiento de lo estipulado en el acuerdo del CPT, aunque admitió que aún no se han definido fechas específicas para la realización del referéndum constitucional ni para las elecciones generales.

“Hasta el momento, vamos según lo previsto. Aún no podemos proporcionar fechas para la organización del referéndum ni de las elecciones. Hay condiciones que deben cumplirse, y una vez cumplidas, podremos avanzar”, manifestó el ministro Gracien Jean.

Estas condiciones a las que se refiere el funcionario incluyen el fortalecimiento del aparato institucional encargado de la organización electoral, la reactivación del Consejo Electoral Provisional (CEP), la aprobación de marcos legales pendientes y, sobre todo, el restablecimiento de la seguridad pública. Sin avances significativos en estos frentes, resulta inviable pensar en una campaña electoral justa ni en una jornada electoral con garantías para los votantes y los candidatos.

Organismos internacionales como la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comunidad del Caribe (CARICOM) y otros actores multilaterales han mostrado su disposición a apoyar el proceso electoral en Haití. Sin embargo, también han sido claros en señalar que es responsabilidad del liderazgo haitiano generar las condiciones mínimas para que dicho proceso sea creíble y aceptado por la población.

Con solo siete meses restantes para alcanzar la fecha acordada para la juramentación presidencial, Haití se encuentra en una encrucijada. El tiempo apremia, la presión social crece, y el riesgo de que se repita un vacío de poder, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, amenaza con agravar aún más la crisis multidimensional que enfrenta el país.

La comunidad nacional e internacional observa con atención y preocupación, esperando que los compromisos asumidos se traduzcan en acciones concretas que permitan a Haití avanzar hacia un futuro más estable, democrático y justo.