Amenaza al avión presidencial obliga a desviar vuelo de Gustavo Petro: se refuerza su seguridad ante riesgos latentes
La seguridad del presidente colombiano, Gustavo Petro, volvió a colocarse en el centro del debate público luego de que el avión presidencial en el que regresaba desde Europa fuera desviado por una amenaza detectada durante su trayecto hacia Bogotá. El incidente, ocurrido la semana pasada, ha encendido las alarmas en las autoridades de seguridad del país y ha llevado al Gobierno a redoblar las medidas de protección en torno al jefe de Estado.
Una amenaza desde el aire
El vuelo presidencial partió el miércoles 3 de julio desde Sevilla, España, tras la participación del mandatario en la IV Conferencia Internacional de la ONU sobre desarrollo sostenible. Como parte del itinerario, el avión hizo una escala programada en las Islas Canarias. Sin embargo, durante esa parada, se recibió una alerta de inteligencia que advertía que la aeronave estaba siendo rastreada por un sistema no identificado.
Debido a este riesgo, y en aras de proteger la integridad del mandatario, la tripulación optó por redirigir el vuelo hacia la ciudad de Pereira, capital del departamento de Risaralda, en el centro-oeste del país. Esta decisión evitó un aterrizaje previsto en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde podría haberse materializado un posible atentado.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó el hecho en una entrevista concedida a Caracol Radio. "Nuestro presidente, al ser jefe de Estado, jefe de Gobierno y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, se convierte naturalmente en un objetivo militar para distintos actores armados o ilegales", declaró el funcionario. Velásquez subrayó que la seguridad del presidente está “plenamente garantizada”, aunque reconoció la existencia de amenazas permanentes en su contra.
Un contexto político delicado
Desde su llegada al poder en agosto de 2022, Gustavo Petro ha enfrentado una compleja situación política y de seguridad. Su gobierno, el primero de izquierda en la historia moderna de Colombia, ha emprendido reformas ambiciosas en temas sociales, económicos y de seguridad, al tiempo que ha desafiado estructuras tradicionales del poder político y económico del país.
Esto ha provocado tensiones tanto dentro como fuera del aparato estatal, al punto que el propio presidente ha denunciado en reiteradas ocasiones intentos de desestabilización e incluso complots para asesinarlo. A través de sus redes sociales y en diversas alocuciones públicas, Petro ha advertido sobre planes de atentados, golpes de Estado y conspiraciones contra su gobierno.
Una de las denuncias más contundentes se produjo en septiembre de 2023, cuando el presidente aseguró que la DEA (Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos) le había transmitido una alerta sobre un posible atentado en su contra antes de que finalizara 2024. Según Petro, el embajador estadounidense en Colombia le informó que existía un plan para asesinarlo mediante un camión cargado de explosivos.
En marzo de 2024, el mandatario volvió a lanzar una advertencia pública, esta vez afirmando que narcotraficantes en el suroeste del país habían planeado asesinarlo para controlar las zonas de cultivo de coca. “Ya van cuatro intentos”, dijo entonces Petro, sin ofrecer mayores detalles.
Un mes antes, también denunció que organizaciones del crimen organizado habían adquirido dos misiles con el objetivo de derribar el avión presidencial. El presidente atribuyó estos intentos a la ofensiva de su gobierno contra “las grandes mafias” que operan en Colombia.
Incluso durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, Petro denunció amenazas contra su vida, señalando a una banda criminal conocida como ‘La Cordillera’ como autora de un plan para asesinarlo.
Un esquema de seguridad reforzado
Frente a este panorama de amenazas crecientes, el Ministerio de Defensa anunció una serie de medidas extraordinarias para proteger al jefe de Estado. Además del esquema habitual de escoltas, inteligencia y vigilancia, se han sumado nuevos componentes tácticos y tecnológicos para responder con mayor eficacia ante cualquier intento de ataque.
En cada uno de los desplazamientos del presidente, se desplegarán operativos de fuerzas especiales, se activarán anillos de seguridad reforzados y se utilizarán aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para escoltar su recorrido. También se integrarán nuevos grupos de inteligencia y reacción inmediata.
El ministro Velásquez aseguró que estas medidas son parte de un enfoque integral de protección presidencial, que tiene como objetivo disuadir y neutralizar cualquier amenaza antes de que pueda materializarse. “Optamos por tomar medidas de seguridad en todos los sentidos. Hemos reforzado la protección en la Casa de Nariño y en cada salida del presidente”, afirmó.
Una nación bajo tensión
La situación de seguridad no solo afecta al presidente. Colombia atraviesa un momento de creciente tensión política y violencia en varias regiones del país. La presencia de grupos armados, narcotraficantes, disidencias de las FARC y estructuras paramilitares sigue siendo una amenaza constante para el orden institucional y para la población civil.
Un ejemplo reciente de este deterioro fue el atentado del pasado 7 de junio contra el senador Miguel Uribe Turbay, del partido Centro Democrático. Durante un acto de campaña en Bogotá, el político fue baleado y resultó gravemente herido. Este hecho, ocurrido a un año y medio de las elecciones presidenciales de 2026, ha generado gran preocupación por el nivel de violencia política en el país.
Analistas advierten que el clima de polarización política y los intereses enfrentados de múltiples actores, tanto legales como ilegales, crean un ambiente propicio para atentados, sabotajes o conspiraciones.
En este contexto, la figura de Petro, que representa una ruptura con las élites políticas tradicionales, se convierte en un blanco natural para quienes ven amenazados sus intereses.
El deber del Estado: proteger la democracia
La seguridad del presidente de la República no solo es un asunto de protección personal, sino también de estabilidad institucional. Cualquier atentado contra un jefe de Estado representa una amenaza directa contra la democracia misma.
Por esta razón, el fortalecimiento del esquema de seguridad presidencial no debe interpretarse únicamente como una reacción frente al miedo, sino como una expresión del deber constitucional de preservar el orden democrático y el funcionamiento del Estado.
Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro continúa cumpliendo su agenda nacional e internacional con normalidad, aunque bajo medidas de seguridad sin precedentes en los últimos años. En cada acto público, reunión o viaje, se activa un protocolo que refleja los riesgos reales que enfrenta el mandatario.
Si bien las denuncias de Petro han sido objeto de debate y escepticismo en algunos sectores, los recientes acontecimientos —como el desvío del avión presidencial— confirman que las amenazas existen y son tomadas con la máxima seriedad por las autoridades.
Colombia, una nación que ha sufrido décadas de violencia política, debe avanzar con responsabilidad para garantizar que la democracia, el diálogo y la institucionalidad prevalezcan sobre el miedo, el odio y la violencia.
