La Procuraduría General de la República recibió ayer martes nuevas evidencias que podrían ser determinantes en el proceso judicial contra Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, en relación con el trágico colapso del techo del establecimiento, ocurrido la madrugada del 8 de abril, que dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de 180 heridos.
El principal testigo del Ministerio Público, Gregori Adames, acompañado por los abogados Luis Aybar y Plinio Piña, depositó ante la Dirección de Persecución varias pruebas que, presuntamente, comprometen la responsabilidad civil y penal del empresario. Según indican, Espaillat habría ignorado advertencias sobre las condiciones estructurales del local.
Nuevas evidencias podrían comprometer la responsabilidad de Antonio Espaillat en el colapso de la discoteca Jet Set
Gregori Adames, quien se desempeñaba como uno de los organizadores de eventos en Jet Set, es considerado pieza clave por la Procuraduría. La procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, y el director de Persecución, Wilson Camacho, lo interrogaron durante dos días debido a su estrecha vinculación con la operación diaria del negocio.
De acuerdo con los abogados que representan a diez víctimas, Adames gozaba de la plena confianza de Espaillat. Estaba a cargo de la apertura del local, cobro de entradas, reserva de mesas y cierre del establecimiento. Tras el siniestro, mientras se encontraba internado en la Clínica Abreu, fue solicitado para identificar áreas donde aún permanecían personas atrapadas. Adanes aseguró haber estado cerca de una mesa donde compartían ejecutivos del Banco Popular, y por ello pudo aportar información relevante para el rescate.
Gregori Adames, testigo crucial, supuestamente reveló advertencias desoídas sobre la estructura del local
Los abogados sostienen que las evidencias entregadas supuestamente confirman que los propietarios de la discoteca tenían conocimiento previo del deterioro de la estructura, especialmente del techo que finalmente colapsó. Según señalan, Adames habría advertido personalmente a Espaillat sobre los riesgos, pero sus alertas no fueron atendidas.
“El testimonio de Adames desmonta la versión de que el empresario desconocía las fallas estructurales. Él fue claro en sus advertencias, lo que elimina cualquier presunción de desconocimiento”, señalaron los juristas.
Por su parte, el abogado Luis Aybar afirmó que, independientemente del informe técnico que será entregado esta semana por la comisión designada por el Poder Ejecutivo, la responsabilidad civil de los propietarios ya está comprometida. Advirtió que del informe podrían derivarse nuevas consecuencias legales.
Dudas sobre el informe técnico
El abogado John Garrido expresó reservas sobre el informe oficial que se presentará en los próximos días, alegando que podría tener un sesgo a favor del propietario del establecimiento. “No confiamos en que ese informe sea una prueba irrefutable. Hay indicios de que se quiere proteger al dueño”, dijo.
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