INTRANT presenta querella penal contra empresa Dekolor por supuestos actos de corrupción, soborno y amenazas
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), bajo la dirección de Milton Morrison, ha formalizado una denuncia penal con constitución en actor civil ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en contra de la empresa Dekolor y sus principales ejecutivos. La acción legal, depositada el pasado viernes 4 de julio, busca que se investigue y sancione una serie de presuntas irregularidades que vinculan a esa compañía con intentos de soborno, amenazas contra funcionarios públicos y presión institucional indebida.
La querella penal menciona específicamente al presidente de Dekolor, Rogelio Oruña, y a la gerente general, Sandra Oruña, como principales responsables de las supuestas maniobras ilegales, las cuales habrían tenido como propósito influir en decisiones administrativas del INTRANT para favorecer a la empresa.
Supuestos sobornos millonarios y presión institucional
Según detalla el comunicado oficial emitido por el INTRANT, la denuncia se sustenta en múltiples incidentes que reflejan un patrón de comportamiento presuntamente delictivo por parte de la empresa Dekolor. Entre los hechos denunciados, se señala que se habrían ofrecido sobornos por un valor de un millón de dólares estadounidenses, así como la entrega mensual de tres millones de pesos dominicanos a funcionarios clave del INTRANT. Estos pagos buscaban obtener ventajas indebidas relacionadas con la continuidad de un contrato estatal vencido.
El referido contrato, firmado en enero del año 2020, adjudicó a la empresa Dekolor la operación y administración del sistema integral para la emisión y renovación de licencias de conducir en todo el territorio nacional. La concesión original contemplaba un período de cinco años, por lo que su vigencia debería finalizar en enero de 2025. Sin embargo, el INTRANT explica que ese contrato ha sido modificado en al menos tres ocasiones mediante adendas que no contaron con la aprobación del Consejo Directivo de la institución, lo que podría constituir una grave violación al marco regulatorio y a los procedimientos administrativos vigentes.
Intentos de prolongación del contrato sin licitación
Uno de los aspectos más graves señalados en la querella es que, a pesar de que el contrato se acercaba a su fin y debía someterse a revisión bajo un proceso de licitación pública transparente, la empresa habría intentado extender su vigencia de manera ilegal, ejerciendo presiones personales e institucionales sobre la nueva administración del INTRANT.
De acuerdo con las declaraciones institucionales, la empresa Dekolor habría recurrido a tácticas como intimidaciones verbales, entrega de sumas de dinero en efectivo, y amenazas personales dirigidas a altos funcionarios del organismo rector del tránsito terrestre. Estas acciones se habrían producido en un contexto de resistencia por parte del INTRANT a continuar con un contrato que, según alegan, carecía de las debidas garantías legales y no respondía al interés público.
Detalles del contrato bajo cuestionamiento
El contrato original incluía la operación de 21 centros de atención distribuidos en distintas regiones del país, la contratación de personal técnico y administrativo, así como la provisión de equipos tecnológicos para la gestión integral del sistema de licencias de conducir. Además, contemplaba la operación de la plataforma informática, el procesamiento de datos, y la emisión física de los documentos oficiales.
Sin embargo, a lo largo de su ejecución, la empresa habría solicitado múltiples modificaciones contractuales que no fueron validadas por los órganos correspondientes. A juicio del INTRANT, dichas alteraciones buscaban ampliar unilateralmente los beneficios de Dekolor, sin garantizar mejoras tangibles al sistema ni rendición de cuentas claras sobre los ingresos obtenidos y la calidad del servicio prestado a los ciudadanos.
Compromiso con la transparencia institucional
La actual gestión del INTRANT ha expresado su firme compromiso con la legalidad, la ética pública y la transparencia administrativa. En ese sentido, el director Milton Morrison afirmó que no tolerarán ningún tipo de presión externa o interna que pretenda vulnerar los principios de integridad en la función pública.
“La institucionalidad del Estado no puede estar sujeta a chantajes, presiones ni intereses particulares. Cualquier empresa que haya contratado con el Estado debe someterse a las reglas del debido proceso y actuar conforme a la ley. No permitiremos que se repitan prácticas nocivas del pasado”, puntualizó Morrison.
Asimismo, el INTRANT reiteró su respaldo absoluto a las investigaciones que pueda desarrollar la Procuraduría Especializada en este caso, y aseguró que aportará todas las pruebas documentales, testimonios y evidencias que obren en su poder para facilitar el esclarecimiento de los hechos denunciados.
Implicaciones legales y posibles consecuencias
Con la presentación de esta querella penal, se abre un proceso formal de investigación que podría derivar en imputaciones por delitos graves como soborno, intento de corrupción administrativa, tráfico de influencias, amenazas, y obstrucción de funciones públicas. De comprobarse los hechos denunciados, los responsables enfrentarían sanciones penales que incluyen multas significativas y penas de prisión.
El caso también genera un precedente importante en la lucha contra la corrupción dentro del sistema de contratación pública en República Dominicana, y podría dar lugar a una revisión más exhaustiva de otros contratos similares firmados en el pasado bajo condiciones irregulares.
Finalmente, el INTRANT hace un llamado a todas las instituciones del Estado y a la ciudadanía en general a respaldar los esfuerzos por fortalecer la transparencia, la eficiencia y el respeto a la legalidad en el manejo de los recursos públicos.